Juan Grabois - Septiembre 5 , 2020´
Coordinador del Frente Patria Grande
Referente de MTE/UTEP
Todo el sistema político,
incluidos varios dirigentes del espacio político al que todavía pertenezco, se
han apresurado a decir que las ocupaciones de tierra son delito. Algunos
incluso han sostenido su posición con afirmaciones que atentan contra la
dignidad de familias pobres, desesperadas, que buscan un pedacito de tierra
para dejar de padecer el hacinamiento, porque no pueden pagar más el alquiler
de la piecita o porque directamente están en la calle. Otros, sin llegar a
tales extremos, buscan cubrirse de los huevazos mediáticos poniendo adelante el
cuerpo de algún “ocupa”. Se lavan las manos.
Puedo tolerar a los que siempre
tuvieron la misma posición; me indigna hasta las tripas ver hombres y mujeres
comprometidos con la justicia social ceder tan fácil en una cuestión ética
crucial del pensamiento humanista y popular: nunca se debe responsabilizar a
los excluidos de sus propios padecimientos. Nunca se debe criminalizar una
demanda social. El peronismo enseñó que donde hay una necesidad, nace un
derecho… no un delito.
Nuestra posición es clara y la
decimos a cara descubierta: toda familia que se mete en un terreno lo hace por
necesidad. No hay ninguna otra explicación. Esas familias son víctimas, no
culpables. Llamarlos delincuentes es una bajeza moral y una claudicación
ideológica.
La acción de estas familias no es
delito sino denuncia. Es el grito de los excluidos. Es una acusación contra los
verdaderos responsables de su situación, contra un sistema de exclusión y
descarte.
¿Quiénes son los responsables?
Varios.
Algunos bien reputados miembros
de la sociedad. Los desmontadores de bosque nativo por ejemplo. ¿Dónde piensan
que van las familias que pierden su hábitat natural en la zona rural? A las
villas de las ciudades. La patria sojera es uno de los grandes responsables del
crecimiento de las ocupaciones desde mediados de los noventa. Hay otros muchos
del sector privado: desarrolladores inmobiliarios que no respetan los
humedales, especuladores que compran tierra para revenderla impidiendo la
ampliación del parque habitacional y una larga lista de etcéteras.
Especialmente responsables son
los gobernantes y funcionarios, nacionales, provinciales y municipales, de
todos los signos políticos, que tienen en sus manos la posibilidad de brindar
una alternativa digna a las tomas, no solo para evitarlas, sino porque es justo
y necesario ¿Qué hicieron? Nada o muy poco. Siempre hay una excusa, algún
argumento burocrático o una descarada indiferencia. No voy a nombrar a nadie
pero ¿no deberían estos funcionarios condenar sus propias falencias e
incumplimiento antes de reprender la conducta de las familias necesitadas?
La tarea que tienen por delante
no es tan difícil. No es una central termonuclear. No es un satélite
interestelar. Son cloacas. Son cables. Son caños. Son veredas. Es voluntad y
empatía.
Urbanizar los barrios es una
deuda moral, pero también una deuda legal. Existe una ley que lo exige.
¿Incumplirla no es delito? La ley de barrios populares fue impulsada por los
movimientos sociales, negociada con el gobierno macrista, firmada por los líderes
de Cambiemos, sancionada por unanimidad en ambas cámaras. Este año, Máximo
Kirchner impulso que una parte del impuesto PAIS y del futuro impuesto a las
grandes fortunas se aplique para financiar esta Ley.
Hay ley, hay fondos ¿Qué se ha
ejecutado hasta ahora? Casi nada. ¿No debería la política reflexionar sobre su
propia inoperancia antes de levantar el dedo acusador frente a la reacción de
los desesperados?
Los 4400 barrios populares que
hoy existen no salieron de un repollo. Fueron también ocupaciones; ocupaciones
que se fueron consolidando y se transformaron en barrios. Ocupaciones que se
produjeron con un promedio de 130 por año, unas diez por mes, durante todos los
gobiernos desde que se tiene registro. La ocupación de tierras para vivir no es
un fenómeno nuevo. Sin planificación ni acceso a la vivienda, es un fenómeno
inevitable. Cuando la familia se agranda y el espacio se acaba, la gente en
algún lugar se mete. No es ideología, es física.
¿Cómo puede ser que este país no
le pueda dar un lote a cada familia? Insisto. Ni siquiera una casa. Eso ya
sería Dinamarca. Pero sí un cachito de tierra para que los propios vecinos
puedan edificar. Sí… que lo paguen, para que nadie se indigne con esa
indignación que se enciende tan fácil frente al bien ajeno. La tierra debería
estar gratuitamente al alcance de todo el que la necesite. Es un bien de la
naturaleza, no debería ser una mercancía. Nadie debería pagar para tener un
lugar donde dormir. Pero el mundo es como es, ¿no? Bueno, aún en este mundo
horrible, aún en este sistema injusto, se puede resolver este problema.
Conozco miles de hombres y
mujeres que viven en la peor pobreza: todos están dispuestos a pagar hasta el
mango que no tienen para tener un terreno legalmente y construir ladrillo a
ladrillo su proyecto de vida. Hay tierra, hay tierra fiscal, hay tierra que el
estado puede comprar a bajísimo costo, hay gente dispuesta a trabajar para
urbanizarla, hay demanda. La base está. Sin embargo, el estado y el mercado les
niegan esa posibilidad a millones ¿Qué espera la política? ¿Qué espera el resto
de la sociedad? Que se queden como sardinas en un getho contaminado, abandonado
y cada vez más superpoblado viendo cómo crecen pastizales o se crean basurales
en la tierra que ellos podrían usar para vivir.
La lógica más elemental indica
que si el Estado no garantiza un terreno para cada familia las tomas seguirán
produciéndose. Es un hecho. Va a suceder.
Pero analicemos un poco las
valoraciones morales y las legales que tan en boga estuvieron estos días.
Yendo a las valoraciones morales.
Cuando Marcelo y Rosa (cartoneros) y dos hijitos ya no pudieron seguir
cohabitando con 8 adultos y 12 niños más en una casilla de dos habitaciones en
la Cava de Villa Fiorito se metieron en un terreno abandonado, un pastizal. Lo
limpiaron y pusieron unas maderas. Empezaron a vivir ahí. Yo los comprendo, los
justifico, los acompaño y los defiendo. Yo y toda nuestra militancia. ¿Se
entiende? Los comprendemos, justificamos, acompañamos y defendemos. Nunca les
vamos a dar la espalda. Personalmente, considero que Marcelo y Rosa hicieron un
acto moralmente válido. Considero que quien pretende echarlos, sin darles una
alternativa mejor, comete un acto moralmente inválido. Siempre voy a estar del
mismo lado.
Yendo a las valoraciones legales.
Ocupar no es usurpar. Le guste o no a nuestros políticos y opinólogos, existe
algo llamado derecho penal. Los delitos están tipificados. Usurpar es ingresar
en un inmueble con clandestinidad, violencia o abuso de confianza. Su hay un
pastizal abandonado, sin alambrar, y la gente entra, les guste o no señores, no
hay delito. Ningún delito. El que dice que ocupar es delito miente. Hay en todo
caso un problema de derecho civil. Que algún abogado serio me refute. Pero en
la Argentina cada uno usa la ley como le conviene a su sector. La república se
respeta cuando le conviene a su sector. La constitución se recuerda cuando le
conviene a su sector… Porque si mal no recuerdo, el derecho a la vivienda es de
raigambre constitucional.
“¡Ahh pero entonces ud promueve las tomas!”,
dirá algún malnacido. En la Argentina de la posverdad y el lawfare volvió el
delito de opinión hace tiempo. Dos diputados cambiemitas, muy costosos para el
estado por cierto, gastaron su valioso tiempo denunciándome por tener una opinión
sobre este tema. Quisiera contestarles.
No señor, no señora, yo no
instigo tomas, no las fogoneo, no las organizo, no las promuevo. Si lo hiciera,
lo haría a cara descubierta. Le digo más, señor, señora, yo odio las tomas. En
las tomas la gente pasa frio, hambre, sufre lo indecible. Es víctima de todo
tipo de situaciones espantosas, se expone a la represión. Los vecinos del
barrio de enfrente muchas veces los repudian y a veces se producen
enfrentamientos entre pobres. Si la ocupación se consolida, ese barrio se
sumará a los 4400 ya existentes, sin trama regular, sin manzanas, sin calles,
sin agua, sin luz, sin cloacas.
Odio las tomas. Quisiera con todo
mi corazón, igual que todos mis compañeros, que en vez de tomas hubiera acceso
a la vivienda para todos. La cuestión es que no lo hay. Y odio esa exclusión
más que las tomas, odio más el sufrimiento indecible de quien no tiene un techo
o no puede seguir cohabitando en semejantes condiciones de hacinamiento. Por
eso comprendo, los justifico, acompaño y defiendo a cualquier familia que se
vea empujada a ocupar un pedazo de tierra.
Quiero referirme a otro argumento
muy conveniente para demonizar las tomas y evitar el debate de fondo: las tomas
están todas armadas por mafias. Es cierto es que en las tomas muchas veces
intervienen transas, punteros y sobre todo policías y comisarios. También es
cierto que algunos avivados se agarran dos terrenos y los revenden. Todo eso es
cierto. Pero ninguno de estos actores sociales genera la ocupación. La
ocupación se produce por necesidad, por desesperación, por una deuda
insatisfecha que ninguna Nación que se digne de tal puede permitir. Y al final,
los que quedan ahí son los pobres.
A mis compañeros del Fdt:
nosotros no luchamos contra el macrismo para escuchar los mismos argumentos de
antes, más o menos edulcorados. Tampoco para escuchar bonitas palabras pero ver
nulas acciones. Nosotros luchamos para que el gobierno popular avance en
políticas de tierra, techo y trabajo para los pobres de este país, la mitad de
los argentinos. Queremos un plan claro sobre cómo se va a abordar la emergencia
habitacional y laboral. Los funcionarios tienen que actuar ya; las obras no
pueden seguir demorando. Las internillas no pueden seguir estando por delante
de la gente. Y sobre todo, no puede ganarnos la ideología del descarte y la
crueldad.
Tierra, techo y trabajo son
derechos sagrados.
Nosotros, siempre del mismo lado.
Juan Grabois
Coordinador del Frente Patria
Grande
Referente de MTE/UTEP
