Trabajo autogestionado, por Enrique Martínez
"El Estado no se ha ocupado seriamente de marcar un camino de
seguridad social a un trabajador, fuera de la dependencia de un patrón o del
Estado mismo".
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Para el Estado argentino, en toda su
historia de gobiernos, el trabajo a considerar y promover en el ámbito privado
es aquel donde un capitalista pone dinero para realizar un proyecto, alrededor
del cual contrata personas que dependen de sus decisiones; son sus
trabajadores.
Con los años se han reconocido otras
categorías, aunque con errores conceptuales fuertes. Los trabajadores
autónomos; los trabajadores eventuales, cuyo trato se distorsionó implementando
el monotributo con un aporte repetitivo, tengan ingresos o no; los miembros de
cooperativas, a los que se da trato de mono tributistas, indicando así que no
saben qué hacer con ellos, cuando de clasificarlos se trata.
La lógica dominante se patentiza al
calificar como “trabajadores registrados” a quienes se desempeñan en relación
de dependencia de empleadores privados o públicos. Los demás son “el resto”, en
que se suman peras con cebollas, ya que a los autónomos y los mono tributistas
se suma aquellos “no registrados”, que son los que en una encuesta de empleo se
manifiestan ocupados, pero no aportan a la seguridad social, sea que trabajen
en una empresa o de manera independiente.
En tiempos de crisis como los que
vivimos con frecuencia, las mejoras o deterioros de la situación se miden
contando los empleos registrados, lo cual ratifica, si hiciera falta, que los
demás son de segunda; de baja calidad laboral; de algún modo arrastrados por lo
que pase en las empresas formales.
Toda esa precaria estantería se
descascara primero y se desploma después, cuando los trabajadores registrados
apenas representan el 50% de aquellos hombres y mujeres que declaran estar
trabajando. No se puede dejar de analizar la estructura ocupacional de la mitad
de la población y menos asignarle a esa mitad un comportamiento similar a la
otra mitad o desentenderse de su cobertura de salud o previsional.
Sin embargo, eso es exactamente lo
que sucede desde hace décadas y no parece que se vaya a encarar en términos
inmediatos.
¿Qué debería suceder? ¿Qué esos
trabajadores puedan estar sindicalizados? En tal caso, ¿Cuál sería su
contraparte, si la autogestión es la norma para buena parte de ellos?
Si no tienen empleador ni patrón, ¿a
quien reclaman en sus relaciones transaccionales y quien los contiene frente a
las enfermedades y el paso del tiempo?
Si una cooperativa es una unidad de
gestión totalmente diferente de la actividad de un trabajador independiente,
como un plomero o un fotógrafo, ¿por qué un cooperativista debe ser
monotributista, para tener alguna cobertura social, igual que el plomero? ¿Por
qué no hay una categoría propia en la seguridad social para los miembros de
cooperativas de trabajo?
Se pueden acumular más preguntas de
tanta importancia como las expuestas, pero bastan para mostrar que el Estado no
se ha ocupado seriamente de marcar un camino de seguridad social a un
trabajador, fuera de la dependencia de un patrón o del Estado mismo.
En verdad, tampoco está claro si a
alguien, aparte de los involucrados, le interesa que estas modalidades de
trabajo crezcan y se consoliden.
Es moneda corriente que toda
dirigencia sindical es normalmente reacia a las formas cooperativas, aun a la
posibilidad que sean capitalizadas por los propios sindicatos, en actividades
que podrían integrarlos a actividades productivas en forma directa.
El fenómeno de las cooperativas
organizadas alrededor de empresas declaradas en quiebra o abandonadas por sus
dueños en los últimos 20 años ha sido objeto de estudios importantes a nivel
internacional. Sin embargo, ningún gobierno ha mostrado suficiente interés en
las llamadas empresas recuperadas, al punto tal que son escasísimas las
expropiaciones efectivizadas a pleno, a pesar de haberse dictado leyes
nacionales y provinciales por doquier. Esta omisión ni siquiera se explica por
evitar otorgar un subsidio a las cooperativas, porque habitualmente el Estado
es acreedor preferencial de las quiebras y los trabajadores están interesados
en acordar formas de pago de esas acreencias que de otro modo no se perciben
nunca.
En esencia, estamos ante un mundo de
trabajo diferente, que nos negamos a ver. Es lógico que eso suceda con aquellos
que creen que el capitalista es el eje ordenador de la sociedad. No es nada
lógico con espacios políticos con vocación de agregar equidad a los vínculos
sociales; o ni siquiera: con vocación de mirar la realidad sin anteojeras.
Vamos muchachos, que no duele.