El debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo
Foro
Pensar Horizontes
Mendoza,
agosto de 2018.
El debate legislativo
sobre la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) fue habilitado a comienzos
de este año por el presidente Mauricio Macri. No es casual haber instalado en
el debate público un tema que no deja a nadie indiferente, al tiempo que la
recesión se profundiza, aumentan la pobreza y la indigencia, y se suceden
medidas y “reformas” de una extrema gravedad para la gran mayoría de la población:
violentos tarifazos en los servicios esenciales, precarización del trabajo y
despidos, endeudamiento del país por varias generaciones, acuerdo con el FMI,
reinserción de las Fuerzas armadas en tareas de seguridad interior que les
estaban vedadas...
¿Habremos caído en
esa trampa de “distracción” tendida por el gobierno de Macri? En el Foro Pensar
Horizontes hemos tenido debates sobre la despenalización y la legalización del
aborto; este documento es fruto de nuestros intercambios, incluyendo dudas e incertidumbres.
El
aborto clandestino en Argentina
Recordemos que la
llegada del proyecto de ley al Congreso tuvo un difícil recorrido. Desde la
creación en 2005 de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro
y Gratuito, el proyecto fue presentado seis veces a la Cámara de Diputados.
En Argentina el
aborto es un hecho: se realizan entre 370.000 y 520.000 abortos por año. Éstas
necesariamente son cifras estimativas (Mario, Silvia; Pantelides, Edith
Alejandra. “Estimación de la magnitud del aborto inducido en la Argentina”.
Notas de Población Nº 87, 2009), puesto que se trata de una práctica ilegal. La
única información disponible es el número de hospitalizaciones debidas a
complicaciones relacionadas con abortos, aunque la estadística no distingue
entre abortos espontáneos y provocados. Según datos del Ministerio de Salud de
la Nación sobre el sistema público de salud, en 2013 se registraron en el país
48.658 egresos hospitalarios por abortos.
Mirando hacia casi un
siglo atrás, la prohibición no ha logrado impedir que los abortos sigan
produciéndose, como tampoco reducir su número. Con educación sexual para
decidir y anticonceptivos para no abortar, como reclaman miles de mujeres, tal
vez se reduzca el número de abortos, pero esto podría no ocurrir en modo
significativo, por motivos que en realidad no dependen del Código Penal.
Ampliación
de derechos y responsabilidad del Estado
Durante casi un siglo
la legislación argentina ha sido insensible a las experiencias de las mujeres.
En 1921, cuando se redactó el artículo del Código Penal que hoy se intenta
cambiar, las mujeres pasaban del dominio del padre al del marido, no
administraban sus bienes, no ejercían patria potestad sobre los hijos, no
votaban ni legislaban, tampoco podían ser testigos en un juicio. En nuestro
sistema normativo, las mujeres no fueron representadas o protegidas sino
sustituidas y tuteladas por representantes de poderes patriarcales.
Desde el retorno de
la democracia, el derecho de acceder a la práctica de interrupción del embarazo
ha sido una demanda permanente del movimiento de mujeres, expresada en todos
los Encuentros Nacionales de Mujeres.
Las mujeres tienen la
capacidad de gestar, de parir y de amamantar, pero esa capacidad no puede
transformarse en una obligación. Tienen derecho a una maternidad deseada y no
la obligación de una maternidad forzada. Un embarazo deseado coincide con la
voluntad procreacional, y el Estado está obligado a garantizar el respeto a ese
proyecto vital. Un embarazo forzado se da cuando no hay voluntad procreacional
o cuando hay obstáculos que dañan a las mujeres, y se evalúa entonces su
continuidad o interrupción; la persona gestante es quien debe decidirlo y
debería tener derecho a interrumpirlo en condiciones de seguridad garantizadas
por el Estado.
Este debate forma
parte de la construcción de ciudadanía: se decide si se reconoce el estatus
moral de las mujeres para tomar decisiones autónomas sobre sus propias vidas, o
si continuarán bajo la tutela patriarcal. Asimismo, si la clandestinización, la
criminalización, los riesgos para la salud o la muerte por abortos inseguros
seguirán siendo o no una política de Estado (Diana Maffia en “La marea verde
conquista el derecho al aborto. Dossier”, Sin Permiso, 16/06/2018).
Por otro lado, las
condiciones en que ocurren los abortos plantean un problema socio-sanitario y
refuerzan las brechas de inequidad entre mujeres con recursos económicos para
adquirir el Misoprostol en el mercado negro y/o acceder a una práctica abortiva
segura y discreta, y mujeres de estratos sociales vulnerables que atraviesan
situaciones de riesgo.
En las audiencias
públicas en Diputados y en el Senado, numerosas intervenciones han dejado claro
que se trata de decidir en qué condiciones se podrán hacer las interrupciones
voluntarias de embarazos, si hacerlo de modo seguro o inseguro seguirá
dependiendo de la clase social de pertenencia. Por eso se pide aborto legal,
seguro y gratuito. Quien está ausente es el Estado, y eso debe remediarse.
Esta ausencia del
Estado también incluye la defectuosa o nula aplicación de la normativa
existente. Por ejemplo, el Código Penal (recalquemos: de 1921) permite la
interrupción legal del embarazo en caso de violación, pero en la práctica no se
garantiza el ejercicio de ese derecho: más de la mitad de las veinticuatro
jurisdicciones del país no cuenta aún con protocolos de atención de los abortos
no punibles. Incluso algunos protocolos provinciales contienen disposiciones
que actúan como barreras de hecho al acceso al aborto legal. Se vuelve entonces
determinante la buena o mala voluntad de los establecimientos de salud. Y las
mujeres en esa situación devienen a menudo objeto de violencia psicológica, de
denuncia policial y judicial, de criminalización, como en el caso de “Belén”,
la joven tucumana condenada a ocho años de prisión por un aborto espontáneo.
Otra cuestión de primera importancia cuya aplicación no está resuelta: el
acceso a los métodos anticonceptivos.
La media sanción del
proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, obtenida en la Cámara
de Diputados en junio, ha significado un gran paso adelante en la ampliación de
derechos, en pos de garantizar mejores condiciones de equidad, justicia y
autonomía para todas las mujeres. Ahora es el Senado quien tiene la
responsabilidad de poner fin a la hipocresía y a la desigualdad, garantizando
el aborto legal, seguro y gratuito para todas las mujeres del país.
Hipocresía,
virulencia, violencia
El debate sobre la
ley de interrupción del embarazo ha puesto en evidencia una gran hipocresía de
una parte de la sociedad: primero negando y ocultando una realidad que existe;
luego, al plantear la falsa antinomia “no vida” versus “provida”, o al señalar
a quienes apoyan la ley como “pro-aborto”. De hecho, quienes se oponen a la
legalización del aborto están a favor del statu quo y por ende de la
continuación de los abortos clandestinos.
La hipocresía también
se manifiesta en la negación de las desigualdades sociales. “El único modo de
estar contra los abortos es evitando las causas que los provocan. Se combate el
aborto reabriendo fábricas, educando... A ver, ¿quién tiene derecho a impedirle
a una mujer de Tucumán o de La Matanza que decida abortar sabiendo que el hijo
estará condenado al hambre? ¿Es o no es un aborto cada niño que se muere a los
cinco, a los siete años?” (Recuerdo de conversaciones con Mercedes Sosa,
Rodolfo Braceli, Página 12, 14/06/18)
“Que se reconozca la
hipocresía de querer salvar la vida de un embrión si no se lucha denodadamente
por salvar las vidas todas, en un sistema global de exclusión, empobrecimiento
y destrucción masiva, por el hambre, las guerras, las invasiones, la
destrucción del planeta y sus bienes naturales.” (Documento del Grupo
Sacerdotal Enrique Angelelli - Córdoba, julio de 2018)
La Iglesia católica,
en línea con su histórica oposición a la educación laica, al matrimonio civil,
al sufragio femenino, al divorcio vincular, a la educación sexual, al acceso a
la anticoncepción, también hoy se opone con vehemencia a la interrupción
voluntaria del embarazo. La cúpula de la Iglesia usó el tedeum oficial en una
fecha patria para demandar la oposición a la ley IVE, mientras que en misas en
provincia, el celebrante invoca los nombres de senadores de su provincia,
acusándoles de avalar una ley para matar personas. Más aún, sectores
pro-clericales y organizaciones integristas hostigan a diputados por las
decisiones que tomaron en la sesión del 14 de junio y a senadores por las que
puedan tomar el próximo 8 de agosto: senadoras y senadores refieren la
existencia de presiones y amenazas hacia ellas/ellos y sus familiares por
anónimos y jerarcas religiosos. Pero no hay autoridad que diga algo.
La intolerancia ha
ido en aumento, desbordando en violencia física contra chicas y mujeres que
llevan el pañuelo verde en distintos puntos del país: Jujuy, Corrientes, La
Matanza y San Fernando en provincia de Buenos Aires, barrio Cano de Mendoza,
Río Grande en Tierra del Fuego...
Vulnerabilidad
de las menores de 19 años
El debate sobre esta
ley también ha traído a la luz la situación de vulnerabilidad de las muy
jóvenes, adolescentes y niñas, menores de 19 años. Según datos del Ministerio
de Salud de la Nación, la proporción de embarazo no intencional en la
adolescencia es superior al 68% (promedio nacional).
Múltiples causas
intervienen en el embarazo adolescente, entre las más importantes:
- la falta de
capacidad de las chicas y chicos para decidir si tener o no relaciones
sexuales, cuándo y con quién; lo que significa que en muchos casos son
relaciones sexuales forzadas y constituyen “abuso sexual”, sobre todo en el
embarazo precoz. En menores de 13 años, el embarazo es siempre considerado
producto de un abuso porque la niña no ha alcanzado la madurez para decidir;
- la falta o rechazo
de los servicios de salud para atender a las y los adolescentes -especialmente
las menores de 14 años, por lo que se pierden oportunidades de informarles y de
que accedan a métodos anticonceptivos;
- la pobreza,
especialmente porque elimina las perspectivas de adolescentes mujeres y varones
sobre sus proyectos de vida;
- la violencia en los
hogares, con la posibilidad de que la violencia aparezca nuevamente en las
nuevas convivencias (Diálogo con Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para
Estudio e Investigación de la Mujer -FEIM, Infobae, 11/07/18).
La cuestión es
especialmente preocupante en provincias que registran altos índices de embarazo
adolescente, con valores cercanos o superiores al 20%. Es el caso de las
jurisdicciones NOA, NEA y Litoral. Muchos de esos distritos ni siquiera cuentan
con protocolos de acceso a abortos legales.
Desde
una perspectiva filosófico-cultural
Nos preguntamos: ¿por
qué nos cuesta tanto abordar como sociedad el tema de la sexualidad, seria y
honestamente, sin prejuicios y despegados de los fundamentalismos?
Aquí se abre un
abanico de factores y variables intervinientes. Resulta imposible tratar la
problemática desde todas las perspectivas a la vez: científica, médica,
cultural, filosófica, política, social, etc. Por lo tanto nos enfocaremos en
aspectos a los que hemos tenido un acceso más detenido, a través de la lectura
y del debate que abrimos en el Foro.
Federico Mare (http://la5tapata.net/aborto-y-senado-o-el-dificil-equilibrio-entre-federalismo-y-democracia/) inserta el conflicto y la posibilidad de aprobación
o rechazo del proyecto de ley que decidirá el Senado el próximo 8 de agosto en
la tensión entre federalismo y democracia. Sin menospreciar su valor, sin
embargo, hay ocasiones en que el federalismo puede servir para contradecir el
juego democrático. Por ejemplo, las provincias del norte, con mucha menor
población que otras, tienen sin embargo el mismo número de representantes, por
tanto la misma cantidad de votos que por ejemplo Buenos Aires, con una
población mucho más numerosa. El hecho es que en líneas generales la clase
política de dichas provincias rechaza una ley de este tipo porque es
profundamente conservadora. Por tanto, ante la posible colisión de dos derechos
–la representación igualitaria, federal, de las provincias frente a la
aprobación mayoritaria que una ley como ésta encuentra en el conjunto de
nuestro pueblo–, consideramos que es necesario tomar partido decididamente por
el principio democrático, para impedir que las fuerzas políticas defensoras de
un orden retrógrado se impongan bajo el pretexto de un supuesto “federalismo”,
mismo principio que por regla general no aplican fronteras adentro de sus
propias provincias.
Aquí nos detenemos
para pensar el problema desde una determinada visión filosófico-cultural.
Sabido es que la despenalización y legalización del aborto es apoyada por
diferentes tendencias políticas, desde aquellas representativas del campo
popular, hasta otras de derecha, identificadas con los sectores dominantes del
país. Así como el federalismo y la democracia se cruzan en una tensión, donde a
veces uno termina excluyendo a la otra, también a la hora de votar parece que
la mirada de lo políticamente conveniente se vuelca sobre la coerción que
ejerce la tradición cultural. Hay tradiciones culturales sostenidas en
creencias de fuerte arraigo que conviven con manifestaciones culturales
antagonistas, pero parecen no interferir negativamente en el juego político. No
ocurre lo mismo en el caso de la sexualidad.
A propósito de este
proyecto de ley, trabajadores de la educación y de la salud miembros del Foro
pusimos en la mesa de discusión algunos casos emblemáticos de los que fuimos
testigos directos:
- Algunos años atrás
tuvimos ocasión de visitar una escuela de Las Heras, donde mantuvimos algunos
encuentros con la directora. El establecimiento educativo se halla enclavado en
un barrio de muy escasos recursos. Muy cerca de la escuela hay un gran basural
y un depósito de chatarra. La imagen contrastaba con la fisonomía del edificio
escolar y el clima de convivencia que allí se veía. En efecto, el edificio
estaba limpio, bien mantenido, los chicos se mostraban a gusto. La directora
relató que hacía algún tiempo llevaban adelante un Proyecto de Educación
Sexual, atendiendo al gran problema de los embarazos precoces. El ejemplo más
duro había sido una niña que a los diez años había quedado embarazada y antes
de finalizar el nivel primario cursaba su segundo embarazo. El primero fue
detectado por su maestro, cuando notó que la niña casi no cabía en el banco. El
proyecto mencionado era muy resistido, sobre todo por los padres/ jefes de
familia. Muchos no permitían que sus compañeras o esposas tomaran
anticonceptivos, y ellas –temerosas de ser castigadas– acataban la prohibición.
La razón de la negativa estaba en que ellos demostraban su virilidad a través
de la fecundación. Importaba el número de fecundaciones logradas, más allá de
la cuestión de la crianza.
- Una compañera
forista, ex regente en una escuela secundaria, comenta otro obstáculo a la
implementación de la educación sexual. Ella también impulsó un programa de
educación sexual. Cuenta que además de la dificultad para acordar criterios en
el equipo directivo de la escuela, también se decidía sobre quién o quiénes
podían venir a dar las charlas. Un sistema donde la subjetividad de los
directivos puede decidir si se hace, con quién se hace y a qué nivel se hace
una determinada actividad. Es un tema que no se liga a las condiciones
políticas, económicas y sociales del entorno. Son charlas muy livianas,
informativas, y exentas de formación para la vida, del cuidado de ella, del
antes, del durante, del después. Normalmente las charlas las dan
psicopedagogos, o cualquier docente con algún curso previo. En definitiva, no
hay profundidad, no hay continuidad, no está relacionado con el entorno
socio-económico-afectivo, y es en general producto de la postura, ideología y
convicción de los directivos.
- Otras veces el
mismo problema aparece en los centros de salud. Un compañero expone cómo se
inicia la educación sexual en la provincia en la época del gobernador Iglesias.
Se creó un equipo de profesionales con una partida presupuestaria que después
fue vaciada en la época del gobernador Jaque. Nuestro compañero participó en
esas jornadas en colegios de Lavalle, donde realizaron una encuesta y hallaron
que los jóvenes (el 98%) conocían todo lo que tenían que saber acerca del tema.
Pero el problema fundamental era la expulsión de los mismos desde los Centros
de Salud. Razón por la cual otros colegas deciden realizar una nueva encuesta
en los Centros de Salud, y allí encontraron una mentalidad conservadora,
agresiva, y descalificadora hacia los jóvenes: “No vamos a apoyar el
libertinaje, no queremos el sexo libre”. Hay una especie de desobediencia civil
de los cuadros medios del Estado hacia las indicaciones progresistas del
Ejecutivo, que por otro lado no siempre es claro ni tiene una actitud firme
para desarrollar su política en estos temas, debido también a sus
contradicciones internas.
Se puede apreciar el
embozamiento del problema en los casos comentados. Gran parte de la comunidad
mendocina comparte esa actitud, y aún cuando es testigo de situaciones de
violencia explícita, mantiene el silencio cómplice con las conductas
enmascaradoras.
Los sectores ligados
a la tradición católica son quienes se oponen más férreamente a la interrupción
voluntaria del embarazo, levantando argumentos carentes de legitimidad, de
rigor científico, y apelando a la manipulación emotiva procuran generar
sentimientos de culpa. Algunos incluso adoptan comportamientos muy violentos,
que evidencian un tipo de subjetividad cargada de odio y resentimiento. ¿Por
qué hay quienes caen en actitudes tan dañinas hacia las mujeres que defienden
con fuerza y tenacidad su libertad y los derechos que hacen a su dignidad,
cuando aparentemente –o al menos no siempre– los agresores no se ven
perjudicados en sus intereses políticos, económicos, laborales, etc.? También
en este caso los especialistas darán respuestas, discordantes entre sí. Para no
apartarnos de la perspectiva en que nos situamos en el análisis, volvemos a
nuestra pregunta inicial: ¿por qué como sociedad cuesta tanto abordar el tema
de la sexualidad, seria y honestamente, sin prejuicios y despojados de los
fundamentalismos?
Analizaremos el
problema desde una visión filosófica, pero introduciéndonos en el meollo de la
controversia. Varias son las consignas en torno a la discusión sobre la
interrupción del embarazo. Dos de ellas tienen una fuerte repercusión: “Tengo
derecho a decidir sobre mi cuerpo” y “El embrión es una persona y tiene derecho
a la vida desde la concepción”. Estos slogans representan a los contendientes
en disputa por la aprobación o rechazo de la Ley en cuestión y se repiten hasta
el hartazgo.
La primera
enunciación pertenece a quienes impulsan la aprobación de la ley, la segunda a
quienes la rechazan. Nos detenemos en algunas cuestiones en las que, creemos,
no se ha reparado demasiado.
Entre quienes apoyan
el proyecto de ley se presentan posicionamientos ideológicos muy diferentes.
Esta diversidad se refleja en los argumentos esgrimidos. Pero no nos
detendremos en este punto, que abre otro debate teórico-práctico. Nuestro
propósito es más acotado.
Posicionándonos entre
quienes apoyan esta ley, sin embargo, cuestionamos el contenido de la consigna
levantada como fundamento en la defensa del proyecto; pues nos ubicamos entre
quienes rechazan la legitimidad atribuida a la idea de propiedad sobre el
cuerpo, idea que encierra el peligro de tomar decisiones arbitrarias en
relación al mismo. El filósofo Locke (s. XVII), uno de los fundadores del
liberalismo, sentó las bases instituyentes de la propiedad privada como derecho
natural, sosteniendo que el cuerpo de cada individuo es la primera y
fundamental manifestación de ese derecho, razón por la cual los seres humanos
tienen libertad para disponer del mismo. Idealistas y espiritualistas de
diferente signo aprobaron dicha fundamentación, amparados en la defensa de la superioridad
del espíritu sobre la materia, que es la dimensión compartida con los animales
y humanos “inferiores”. De modo que el argumento basado en el derecho a decidir
sobre el propio cuerpo termina fortaleciendo perspectivas y prácticas que, al
menos desde los sectores progresistas, se pretende combatir.
Pensamos que el
cuerpo no es una posesión sino una dimensión de la realidad singular de cada
sujeto humano. Considerar al cuerpo como una propiedad faculta a cada mujer a
cosificarlo o someterlo a la cosificación, resignando su valía y olvidando a
menudo que el cuerpo de las mujeres, hembra en su base animal, es el que
contiene el espacio para anidar, albergar y posibilitar el crecimiento de un
nuevo ser humano.
Se objeta que la
condición de propiedad la da el otro, el patriarcado o el sistema capitalista.
Es cierto: la condición de propiedad la da el patriarca o el capitalista, pero
la legitimación tiene raíces lejanas y profundas en la cultura occidental. Muy
sintéticamente, podemos decir que el “señor” o “amo” posee cosas y personas, y
la posesión se legitima desde lo que Occidente considera inteligencia superior,
esto es el varón blanco sobre la mujer y los hijos, que le pertenecen (como
también el esclavo fue posesión suya). En esta perspectiva, la inteligencia se
asimila al alma. El atributo de sujeto humano (o persona) es determinado por el
alma racional que posee un cuerpo. De ahí que algunas lenguas (entre ellas la
española) hayan instituido con fuerza el pronombre posesivo (ejemplos: mi-tu-su
mujer, hijo, marido, bienes materiales, etc.), y entonces sostener la tenencia
de un cuerpo es un hecho naturalizado. Es diferente decir “soy cuerpo” a decir
“tengo cuerpo”. El poco aprecio por el cuerpo está vinculado con esa
convicción. Se puede objetar que el ejercicio de poder capitalista cosifica el
cuerpo. Es cierto, pero existe un margen de libertad (de lo contrario
estaríamos totalmente determinados y sin capacidad de resistencia) para
cuidarlo, o des-cuidarlo. La ciencia y la tecnología médica avanzan en la
intromisión violenta sobre la corporalidad porque consideran que la persona no
es tocada, pues el paradigma se encuadra en la creencia del alma inmaterial e
intangible. Esta creencia es determinante incluso en la legitimación política
de la tortura (por algo había sacerdotes en las sesiones de tormento durante la
dictadura militar).
En relación a la
segunda consigna, sostenemos que conceder el atributo de persona al embrión es
una apreciación basada en una fe respetable pero sin ningún asidero, aunque ya
sabemos que la campaña se hace desde el ejercicio de poder dominante de la
institución eclesiástica. Tomás de Aquino, referente mayor en la historia del
catolicismo, afirma que Dios coloca el alma en el cuerpo en el transcurso del
proceso de gestación. Acogiéndose al legado aristotélico, sostiene que el alma
es el principio vital de todos los seres vivientes. A cada escala de la
naturaleza le corresponde un tipo de alma diferente; así, hay alma vegetativa,
sensitiva, y en el nivel superior coloca el alma racional, propia de los seres
humanos, mencionada más arriba. En consecuencia, ésta aparece tardíamente
durante el desarrollo fetal.
Durante la mayor
parte de sus dos mil años de historia la Iglesia católica no tuvo una posición
definida sobre el tema. Recién en 1869 unificó su doctrina, cuando el papa Pío
IX determinó que los embriones poseen un alma a todos los efectos desde el
momento de la concepción.
Una mirada crítica de
la tradición cultural confiere otro modo de abordar la cuestión. En lugar de
hablar de la vida de cualquier modo y a cualquier costo, podríamos inclinarnos
en el sentido de la potenciación o acrecentamiento del pulso y la riqueza
vital, tal como proclamara Nietzsche enfáticamente. Un hijo deseado potencia la
vida, un hijo no deseado la debilita. Un ser humano que nace en un hogar cuyas
necesidades básicas están cubiertas y ofrece condiciones de vida digna
acrecienta el pulso vital, lo contrario lo reduce. Entonces es imprescindible
otorgar prioridad a las condiciones materiales, sociales y psicológicas frente
a la decisión de llevar adelante o no un embarazo. Y no hablamos de la decisión
de “gestar una nueva vida”, porque vida hay en el óvulo y en el esperma antes
de la fecundación, y ni el óvulo ni el espermatozoide son seres humanos.
El proceso de
gestación podría cumplirse entonces cuando se garantiza efectivamente un
nacimiento y desarrollo dignos; de lo contrario lo que se hace es desvalorizar
y menospreciar la vida humana. Y lo que se comprueba a diario es que se ha
sustraído todo valor a la vida humana.
Volvamos a Nietzsche,
cuya filosofía tiene como eje a la vida misma. Según el filósofo alemán la
desvalorización de la vida corre junto a su depotenciación. Y lo que planteamos
aquí es el deseo, el anhelo de generar condiciones para su potenciación. Una de
esas condiciones básicas y fundamentales se encuentra en la realización plena
de la sexualidad. El problema de fondo es que quienes detentan el poder
político y económico, acompasado en la hegemonía cultural, necesitan que las
mayorías carezcan de poder, pues así quienes dominan mantienen las condiciones
del sometimiento aseguradas. Por eso la animadversión, el encono y hasta el
castigo hacia las personas que defienden su vida sexual independientemente de
sus posibilidades reproductivas (el psicoanálisis da cuenta de ello), de cuya
crueldad la historia proporciona múltiples ejemplos. Ese hostigamiento tiene el
propósito encubierto de asegurar el dominio de unos sobre otros. Por eso
también la Iglesia católica y el grupo de feligreses privilegiados se conceden
a sí mismos licencia para transgredir restricciones y prohibiciones en materia
sexual.
Desde
una perspectiva biológica
Con respecto a los
aspectos biológicos de la IVE, nos apoyaremos en la exposición en ambas cámaras
del biólogo Alberto Kornblith, quien es un eminente científico con una extensa
lista de logros académicos. Elegimos sus conceptos no sólo por el prestigio
académico y científico de quien los da, sino porque tienen una claridad,
síntesis y explicación de los fenómenos que hacen irrefutables sus argumentos.
Lo que sigue entonces es una síntesis de su argumentación, no el texto completo
pero sí lo más importante a tener en cuenta.
- No es suficiente la
unión de óvulo y esperma para formar el cigoto, no es suficiente para formar un
ser humano. Se necesitan elementos placentarios y de la gestante para su
desarrollo.
- Somos mamíferos
placentarios, o sea mamíferos por producir leche y tener pelos, y placentarios
por necesitar de la placenta para conformar un ser humano. A través de ella la
madre provee anticuerpos, información genética, intercambio de alimentos y
oxígeno. Durante el desarrollo del embrión y luego del feto, el mismo sufre
cambios epigenéticos (aquellos cambios que sufren los genes dentro del útero).
- Por lo cual no se
ha podido desarrollar vida fuera del útero. O sea que el embrión y el feto son
como un órgano de la madre.
-En la mayoría de los
países se considera la persona humana cuando nace con vida. Si se interrumpe el
embarazo de forma natural o provocada, la persona no habrá existido nunca.
- El concepto Vida Humana
no es un concepto biológico, sino un conjunto de convenciones sociales,
jurídicas y/o religiosas.
- El concepto vida en
biología es preexistente al nacimiento y se continúa un tiempo posterior a la
muerte. Célula viva es aquella que es capaz de reproducirse y realizar
metabolismo. Células vivas son el espermatozoide, el óvulo, la placenta, etc.
- El embrión no es un ser
humano, es un proyecto de ser humano.
- Si tuviera un genoma
único el embrión o el feto sería rechazado por la madre por ser un cuerpo
extraño. No sucede por un complejo sistema inmunológico que lo impide.
- Sí tiene el óvulo
la particularidad de ser pluripotente. Actualmente se sabe que puede haber
otras células con esas características.
- Según el
Diccionario de Genética, aborto es: la expulsión de un feto del útero por
causas naturales antes de estar en condiciones de vivir per se, y también dice
la terminación del embarazo en forma deliberada antes de la 28 semanas del
embarazo. Nunca se habla de asesinato ni de vida humana.
- La persona gestante
debe tener la posibilidad de elegir si desea o no continuar con el embarazo,
porque si no se convierte en una esclava de su embrión por convenciones
sociales o religiosas.
Legislación
Para finalizar,
recordamos los principales textos legislativos sobre el tema, que por las
diversas razones que hemos repasado más arriba en la práctica no tienen
cumplimiento pleno.
- Ley 26150: Programa
Nacional de Educación Sexual Integral, año 2006.
- Decreto nacional
1.282/2003: Reglamentación de la ley Nº 25.673 de creación del programa
nacional de salud sexual y procreación responsable, año 2003.
- CODIGO PENAL DE LA
NACION ARGENTINA
LEY 11.179 (T.O. 1984
actualizado)
ARTICULO 85. El que
causare un aborto será reprimido:
1º Con reclusión o
prisión de tres a diez años, si obrare sin consentimiento de la mujer. Esta
pena podrá elevarse hasta quince años, si el hecho fuere seguido de la muerte
de la mujer.
2º Con reclusión o
prisión de uno a cuatro años, si obrare con consentimiento de la mujer.
El máximum de la pena
se elevará a seis años, si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer.
ARTICULO 86.
Incurrirán en las penas establecidas en el artículo anterior y sufrirán,
además, inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena, los
médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte
para causar el aborto o cooperaren a causarlo.
El aborto practicado
por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es
punible:
1º Si se ha hecho con
el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este
peligro no puede ser evitado por otros medios.
2º Si el embarazo
proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer
idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal
deberá ser requerido para el aborto.
ARTICULO 87. Será
reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que con violencia causare un
aborto sin haber tenido el propósito de causarlo, si el estado de embarazo de
la paciente fuere notorio o le constare.
ARTICULO 88. Será
reprimida con prisión de uno a cuatro años, la mujer que causare su propio
aborto o consintiere en que otro se lo causare. La tentativa de la mujer no es punible.